El 1 de enero de 2020, el gobierno implementó una nueva ley que realiza grandes cambios en el sistema de pensiones de seguridad social del país, que incluye cobertura, financiamiento, condiciones de calificación, fórmulas de beneficios y ajustes de beneficios. La nueva ley (Ley No. 148 de 2019) reemplaza muchas leyes y regulaciones de seguridad social existentes, y consolida varios programas de seguro social diferentes en uno. Las disposiciones clave de la nueva ley que afectan las pensiones de vejez (vigentes a partir del 1 de enero) incluyen:
- Trabajadores cubiertos: el programa unificado cubre 26 categorías de trabajadores, incluidos los empleados del sector público y privado, los funcionarios públicos y los trabajadores independientes. Diez de las 26 categorías anteriormente carecían de cobertura de seguro social; estas 10 categorías incluyen principalmente trabajadores irregulares y de temporada (por ejemplo, pescadores, empleados de transporte terrestre y trabajadores domésticos) y pequeños empleadores (por ejemplo, propietarios de industrias ambientales, rurales y familiares).
- Tasas de contribución: las tasas de contribución del trabajador y del empleador son del 9% y del 12% del salario bruto mensual, respectivamente (anteriormente, las tasas de contribución de los trabajadores y del empleador eran del 10% y del 15%, respectivamente). Las tasas de contribución de los trabajadores y empleadores aumentarán cada una en 0,5 puntos porcentuales cada 7 años hasta que la tasa combinada alcance un 26% en el 2055.
- Condiciones de calificación: Si bien la edad normal de jubilación se mantiene sin cambios en los 60 años por ahora, está programada que aumente a 61 el 1 de julio de 2032, y en un año adicional cada 2 años a partir de entonces hasta alcanzar los 65 años en 2040. Los meses mínimos de contribuciones requeridos para calificar para una pensión de vejez en la edad normal de jubilación también aumentará de 120 meses a 180 meses en 2025.
- Jubilación anticipada: a partir de 2025, una persona asegurada puede reclamar una pensión de vejez reducida a cualquier edad antes de la edad normal de jubilación si tiene al menos 300 meses de cotizaciones (hasta 240 meses actualmente) y tiene derecho a una pensión mensual que es al menos igual a la pensión mensual mínima o el 50 por ciento de sus últimos ingresos cubiertos mensuales, lo que sea mayor.
- Fórmula de beneficios: la tasa de reemplazo de la pensión de vejez sigue siendo el 2,22% de los ingresos anuales promedio cubiertos del asegurado por cada año de contribuciones, pero los ingresos promedio anuales ahora se calculan en función de los ingresos de toda la vida laboral del asegurado (ajustados por la inflación) en lugar de sus últimos 2 años de ingresos antes de la jubilación. La nueva fórmula solo se aplica a los períodos de servicio desde la fecha de implementación de la nueva ley. (La fórmula anterior aún se aplica a los períodos de servicio anteriores a la fecha de implementación).
- Pensiones mínimas y máximas: la pensión mensual mínima es el 65% de los ingresos mensuales mínimos utilizados para calcular las contribuciones. La pensión mensual máxima es el 80% de los ingresos cubiertos mensuales promedio del asegurado o el 80% de los ingresos mensuales máximos utilizados para calcular las contribuciones, lo que sea menor.
- Beneficio de fin de servicio: la nueva ley reemplaza el beneficio de fin de servicio del seguro social por uno basado en cuentas individuales. Para financiar el beneficio de la cuenta individual, los trabajadores y empleadores contribuyen cada uno con el 1% del total de los ingresos mensuales cubiertos o la nómina. Cuando una persona asegurada se jubila, él o ella recibe el saldo de su cuenta (contribuciones totales más intereses acumulados) como una suma global. El nuevo beneficio solo se aplica a los períodos de servicio desde la fecha de implementación de la nueva ley. (El beneficio anterior aún se aplica a los períodos de servicio anteriores a la fecha de implementación).
- Ajuste de beneficios: el monto de la pensión se ajusta automáticamente en julio de cada año en función de los cambios en el índice nacional de precios al consumidor, con un aumento anual máximo del 15%. (Anteriormente, los ajustes se realizaban en forma discrecional).
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