Ante la falta de recursos, una de las “salidas fáciles” es no pagarle a tiempo al IESS y, al mismo tiempo, pedir que compre bonos del Estado. Las reformas estructurales quedaron en el aire.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se ha convertido en el comodín financiero de los gobiernos de turno. Cuando estos necesitan dinero acuden a este ‘financista’ para que compre bonos del Estado.

Sin embargo, la cosa cambia cuando tienen recursos insuficientes para las llamadas transferencias corrientes (que incluyen pagos gobiernos locales, proveedores, IESS, entre otros). Ahí, la seguridad social se vuelve una especie de “patito feo” al que le acumulan millonarios atrasos.

Así, por ejemplo, en el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2023 se estableció que, por concepto del 40% del aporte estatal al fondo de pensiones, se tendría que desembolsar un total de $2.119 millones.

Sin embargo, hasta el 31 de agosto de 2023, solo se ha pagado efectivamente $344 millones. Es decir, se registran atrasos por $1.775 millones.

Estos atrasos, según Fausto Ortiz, exministro de Economía, se convierten en una “bola de nieve” y no se contabilizan como deuda cuando se obtienen los indicadores consolidados de endeudamiento público frente al Producto Interno Bruto (PIB).

Esto, lamentablemente, se convierte en un incentivo para no pagar a tiempo porque, al no subir el nivel de deuda, los políticos asumen que no existen consecuencias.

En otras palabras, cuando se necesita cerrar las cuentas, el IESS está último en la lista de prioridades.

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Ante la falta de recursos, una de las “salidas fáciles” es no pagarle a tiempo al IESS y, al mismo tiempo, pedir que compre bonos del Estado. Las reformas estructurales quedaron en el aire.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se ha convertido en el comodín financiero de los gobiernos de turno. Cuando estos necesitan dinero acuden a este ‘financista’ para que compre bonos del Estado.

Sin embargo, la cosa cambia cuando tienen recursos insuficientes para las llamadas transferencias corrientes (que incluyen pagos gobiernos locales, proveedores, IESS, entre otros). Ahí, la seguridad social se vuelve una especie de “patito feo” al que le acumulan millonarios atrasos.

Así, por ejemplo, en el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2023 se estableció que, por concepto del 40% del aporte estatal al fondo de pensiones, se tendría que desembolsar un total de $2.119 millones.

Sin embargo, hasta el 31 de agosto de 2023, solo se ha pagado efectivamente $344 millones. Es decir, se registran atrasos por $1.775 millones.

Estos atrasos, según Fausto Ortiz, exministro de Economía, se convierten en una “bola de nieve” y no se contabilizan como deuda cuando se obtienen los indicadores consolidados de endeudamiento público frente al Producto Interno Bruto (PIB).

Esto, lamentablemente, se convierte en un incentivo para no pagar a tiempo porque, al no subir el nivel de deuda, los políticos asumen que no existen consecuencias.

En otras palabras, cuando se necesita cerrar las cuentas, el IESS está último en la lista de prioridades.

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