La edición N⁰ 18 de este informe destaca que, entre 2015 y 2050 la proporción de personas con 60 años y más en la fuerza de trabajo aumentaría del 7,5% a 15,0%. A ello contribuiría, sobre todo, el envejecimiento de la población y, en menor grado, un moderado aumento de la participación laboral de los adultos mayores. De acuerdo al reporte, en la región en promedio todavía un 58% de las personas de entre 65 y 69 años, y un 52% de las personas con 70 y más años de edad, no perciben una pensión de un sistema contributivo, con tasas aún más elevadas para las mujeres. Esta situación obliga a muchas personas mayores a trabajar (la tasa de ocupación para el conjunto de las personas con 60 y más años alcanza un 35% en la región). Esta proporción es elevada aún en grupos etarios que ya traspasaron la edad legal de jubilación: 39% en el grupo de 65 a 69 años y 20% en el de 70 y más años. El informe concluye que: (i) Es necesario ampliar la cobertura de los sistemas de pensiones y complementarlos con pensiones no contributivas, a fin de reducir la presión a la que se ven sometidas las personas mayores, que las obliga a seguir trabajando generalmente en empleos de baja productividad; (ii) Frente al acelerado proceso de envejecimiento que enfrentan muchos países latinoamericanos, es una obligación analizar las condiciones y el financiamiento de sistemas de pensiones que sean inclusivos y sostenibles; (iii) Es fundamental aplicar políticas que garanticen condiciones  laborales  adecuadas  a  aquellas  personas  mayores  que prefieran  seguir  trabajando más allá de la edad de jubilación, sin castigarlas respecto de los derechos que han adquirido a lo largo de su vida laboral y en condiciones flexibles, por ejemplo, mediante el trabajo a tiempo parcial.