Cincuenta exparlamentarios demandaron al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se les reestablezcan sus mesadas pensionales.

La sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional fijo un monto máximo de 25 salarios mínimos para las pensiones de los funcionarios públicos. Desde entonces no paran las demandas de este tipo. Pero las demandas se han resuelto reiteradamente a favor del Estado y es probable que lo mismo ocurra en esta ocasión.

Esta situación revela un asunto preocupante: la inequidad del sistema pensional colombiano. Colombia es un país de bajos ingresos distribuidos desigualmente. Aquí las pensiones son el final de una vida laboral llena de obstáculos: escasez de empleos, inestabilidad en los mismos y baja remuneración.

Las llamadas megapensiones resultan alarmantes; son islas de riqueza en océanos de miseria. Pero el problema no son los montos elevados, sino que muchas personas no puedan siquiera acceder a una pensión.

Alrededor del 30% de la población colombiana vive en la informalidad, con ingresos por hogar inferiores a un salario mínimo y en condiciones de pobreza. Las discusiones sobre el salario mínimo o el sistema pensional no tocan a este segmento de la población.

Lee la nota completa en Razón Pública

Cincuenta exparlamentarios demandaron al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se les reestablezcan sus mesadas pensionales.

La sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional fijo un monto máximo de 25 salarios mínimos para las pensiones de los funcionarios públicos. Desde entonces no paran las demandas de este tipo. Pero las demandas se han resuelto reiteradamente a favor del Estado y es probable que lo mismo ocurra en esta ocasión.

Esta situación revela un asunto preocupante: la inequidad del sistema pensional colombiano. Colombia es un país de bajos ingresos distribuidos desigualmente. Aquí las pensiones son el final de una vida laboral llena de obstáculos: escasez de empleos, inestabilidad en los mismos y baja remuneración.

Las llamadas megapensiones resultan alarmantes; son islas de riqueza en océanos de miseria. Pero el problema no son los montos elevados, sino que muchas personas no puedan siquiera acceder a una pensión.

Alrededor del 30% de la población colombiana vive en la informalidad, con ingresos por hogar inferiores a un salario mínimo y en condiciones de pobreza. Las discusiones sobre el salario mínimo o el sistema pensional no tocan a este segmento de la población.

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