30 septiembre, 2024
Si la informalidad y el desempleo fueran menores, el sistema de pensiones funcionaría mucho mejor. Por eso es necesario aumentar la productividad laboral de Colombia, que es la más baja entre los países de la OCDE.
El sistema de pensiones en Colombia tiene varios problemas que deben ser atendidos con urgencia.
En primer lugar, el sistema tiene muy poca cobertura. Apenas uno de cada cuatro adultos mayores recibe una pensión; otro recibe 80.000 pesos mensuales por cuenta del programa Colombia Mayor, y los dos que quedan no reciben ingreso ninguno. Así, el sistema de pensiones no cumple su tarea principal, la de garantizar un ingreso a la población que ya no está en edad de trabajar.
En segundo lugar, el sistema pensional y el régimen público contribuyen al aumento de la desigualdad en la distribución de ingresos en Colombia. Según Fedesarollo, el 73,1 % de los subsidios pensionales llegan al 40 % más rico de la población. Además, el sistema castiga a las personas que no logran pensionarse, es decir, a aquellos que tienen bajos ingresos y poca estabilidad laboral.
En tercer lugar, hay retos financieros para asegurar la sostenibilidad del sistema. Cada año se asigna cerca al 4 % del PIB —o una cuarta parte de los ingresos del gobierno— a cubrir el déficit de Colpensiones y de los regímenes especiales.
Por todo lo anterior es urgente una reforma pensional que aumente la cobertura, mejora la equidad y asegure recursos suficientes para cumplir los propósitos de un sistema de pensiones.
Antes de proponer modificaciones, es útil preguntarse cuáles son las causas de los malos resultados en materia de pensiones.
Empecemos por la baja cobertura. Para adquirir el derecho a una pensión, además de cumplir una edad mínima, el trabajador debe cumplir los siguientes requisitos:
Pero los requisitos anteriores no se corresponden con la realidad laboral de la mayoría de los colombianos. Lo cierto es que, a la edad de pensión, las personas tienen en promedio unas 500 semanas acumuladas. La situación es más grave para las personas con menores ingresos, pues quienes ganan un salario mínimo completan en promedio 267 semanas de cotización en el momento de llegar a la edad de pensionarse.
Si la informalidad y el desempleo fueran menores, el sistema de pensiones funcionaría mucho mejor. Por eso es necesario aumentar la productividad laboral de Colombia, que es la más baja entre los países de la OCDE.
¿Qué hay detrás de esto? Las altas tasas de informalidad en el mercado laboral colombiano: apenas uno de cada tres empleados cotiza para su pensión. A lo largo de su vida laboral, muchas personas transitan entre puestos formales (donde cotizan tanto ellas como sus empleadores), ocupaciones informales o trabajos por cuenta propia (donde no cotizan) y períodos de desempleo. De aquí que tres de cada cuatro personas no logren pensionarse.
Si la informalidad y el desempleo fueran menores, el sistema de pensiones funcionaría mucho mejor. Por eso es necesario aumentar la productividad laboral de Colombia, que es la más baja entre los países de la OCDE. Esto nos ayudaría a crear empleo formal, y, de paso aumentar la cobertura pensional.
Sin embargo, no existe una receta mágica que eleve la productividad de un día para otro. Por supuesto que hay que trabajar sin descanso para aumentar la productividad y reducir la informalidad, pero, entre tanto el sistema de protección a la vejez debe reconocer que en promedio los trabajadores alcanzan a cotizar 500 semanas, y no 1300.
El sistema de pensiones seguramente se planteó con la idea de que los trabajadores iban a cotizar sin parar desde los 22 años hasta la edad de pensión —62 para hombres y 57 para las mujeres—. Estos son 35 o 40 años de cotización, que corresponde a más de 1.800 semanas. Ese sistema parece pensado para un país europeo, donde la informalidad está por debajo del 5 %, pero no para Colombia donde esta cifra ronda el 60%.
Ese error es una de las causas detrás de una realidad muy injusta: las pensiones altas en el régimen público están subsidiadas, y el subsidio aumenta con el nivel de ingresos. Según el Ministerio de Trabajo,
¡Esto no tiene razón de ser! Las personas más vulnerables que no logran pensionarse salen perdiendo con el sistema público porque reciben menos de lo que aportan. No reciben subsidios y, además, no se les reconoce ninguna rentabilidad por sus aportes.
También es útil mirar qué hacen los países que están teniendo buenos resultados en términos de pensiones.
Según el índice global de pensiones computado por Mercer, los mejores sistemas pensionales del mundo en 2021 fueron Islandia, Holanda y Dinamarca. Estos países tienen algo en común: todos han ahorrado e invertido enormes sumas para fondear sus sistemas pensionales. En los tres casos, el ahorro pensional supera el 200 % del PIB —en Colombia es el 30 % del PIB—.
En algunos casos el ahorro es administrado por empresas públicas; en otros es administrado por empresas privadas, y en otros tanto las públicas como las privadas juegan un papel. Pero lo fundamental es que tienen fondos muy importantes para respaldar las pensiones.
Además, nos estamos envejeciendo. Cada vez hay más adultos mayores por cada persona en edad de trabajar. Hoy en día somos 4,6 trabajadores por cada adulto mayor en Colombia. En treinta años, cuando mi generación se vaya a pensionar, apenas habrá 1,9.
Esto quiere decir que los aportes de los trabajadores no serán suficientes para financiar las pensiones de los adultos mayores cuando nos vayamos a pensionar, y, por lo tanto, tenemos que ahorrar.
Ahora bien, esta es la propuesta de reforma al sistema de protección a la vejez que puso sobre la mesa la Asociación de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), lugar donde yo trabajo.
Comienzo por subrayar que una buena reforma al sistema de protección a la vejez debe partir de la realidad de Colombia, debe tener en cuenta todo el ciclo vital de la gente y debe asegurar ingresos a muchas más personas, hacerlo de manera que contribuya a reducir las desigualdades, y garantizar su sostenibilidad financiera.
Se propone un primer pilar no contributivo que asegure por lo menos una línea de pobreza a todos los adultos mayores que hagan parte de hogares pobres —según el SISBEN—. Esto es independientemente de si hicieron o no aportes a lo largo de su vida, como ocurre con Colombia Mayor.
La mayoría de los trabajadores no alcanzan a cumplir el requisito de semanas necesario para pensionarse. Por esta razón, se propone un segundo pilar no contributivo que les otorgue un ingreso vitalicio, el cual debe reconocer la totalidad de sus aportes, y la rentabilidad por el tiempo que estuvieron ahorrados. La propuesta es combinar este ahorro con subsidios del gobierno, en un programa similar al que hoy se conoce como Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).
Hoy en día somos 4,6 trabajadores por cada adulto mayor en Colombia. En treinta años, cuando mi generación se vaya a pensionar, apenas habrá 1,9.
El tercer pilar de la propuesta es contributivo y es el más polémico. En la propuesta de Asofondos, como en otras propuestas, el pilar contributivo tiene un componente de beneficio definido. Esto quiere decir que se asegura un salario mínimo, sin importar el valor de las contribuciones que se hayan realizado a lo largo de la vida, siempre y cuando se cumpla con un mínimo de semanas cotizadas.
También, como otras propuestas, cuenta con un componente de contribución definida. Esto quiere decir que, por encima del salario mínimo, la pensión está alineada con lo contribuido a lo largo de la vida.
La diferencia entre esta y otras propuestas radica en que pretende que las contribuciones de los nuevos afiliados se ahorren y se inviertan. Por supuesto, para el gobierno es tentador que una parte de la cotización no sea ahorrada, porque esto produce caja en el corto plazo. Pero esto es irresponsable, especialmente con quienes hoy somos jóvenes.
En esta misma revista se dijo no hace mucho que la propuesta de Asofondos pretende eliminar Colpensiones. ¡De ninguna manera! Lo importante es ahorrar e invertir los aportes, y que haya entidades públicas o privadas que lo hagan.
La discusión importante no es entre lo público y lo privado, sino entre las medidas que pueden mejorar la protección a la vejez y las que no.
Opinión Daniel Wills, Vicepresidente técnico y de estudios económicos en Asofondos en Razón Pública
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