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22 junio, 2022

Chile: Solo 10% de las personas preferiría que las cotizaciones adicionales vayan a un fondo común

Sin prisa, pero sin pausa -como reza el dicho-, avanza el desarrollo del futuro proyecto de reforma previsional, que tiene fecha de ingreso a tramitación, según ha confirmado el Ejecutivo, en agosto próximo.

Para ello, se han cumplido diversos hitos: culminaron los 16 diálogos sociales previsionales, desarrollados a lo largo del país, y el BID está en proceso de consolidar el informe que deberá ver la luz el próximo 23 de junio.

Además, han continuado las rondas de conversaciones con gremios, centros de estudio y las propias AFP, actores clave del sistema, siendo las últimas entre jueves y viernes, con Cuprum y Provida y representantes de sus controladores.

Hasta ahora, lo que se sabe es que la cotización aumentará 6% con cargo al empleador y que las AFP -en tanto AFP- no participarán en la administración de los flujos futuros de pensiones, lo que quedará radicado en un ente estatal, de alto perfil técnico y autónomo, según ha dicho el Gobierno.

En ese contexto, resulta relevante saber qué opinan las personas acerca del tema. Según la última encuesta Criteria de mayo, al consultar sobre el destino de la cotización adicional, solo un 10% se inclina por que todo vaya a un fondo común para financiar las pensiones, lo que implica una caída de 6 puntos respecto del mismo mes del año pasado; un 26% prefiere que una mitad vaya a la cuenta individual y la otra a un fondo colectivo, con una caída de 3 puntos en un año, y un 64% se pronuncia a favor de que la cotización adicional vaya a la cuenta individual, lo que implica un aumento de 9 puntos en un año.

Por edad, en tanto, en los rangos entre 18-29 años, 30-44 años y 55-64 años, la adhesión a un fondo colectivo fluctúa entre 10% y 12%; en tanto, en el rango etario entre 45 y 54 años, solo un 6% prefiere esa opción.

Ahora bien, si la consulta es sobre la preferencia de administrador, el resultado sorprende. Un 75% prefiere que vaya a la propia AFP sin costo adicional de administración; 5% a otro administrador privado, con un costo de administración, y un 20% a una institución estatal con un costo de administración.

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