Mucho ha dado que hablar la reforma previsional del Gobierno, proyecto que promete un complejo debate, cuyo objetivo principal es impulsar medidas que se hagan cargo de las bajas pensiones actuales y futuras.

Para eso, en el nuevo sistema ya no existirán las AFPs, y los afiliados tendrán la posibilidad de elegir entre gestores de inversiones privados o un gestor de inversiones público -que se llamará Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA)- ambos regulados por la Superintendencia de Pensiones.

La misión de este nuevo gestor de inversiones público será entonces velar por la maximización de la rentabilidad de largo plazo del fondo común del 6% adicional y del 10,5%, sujeta a niveles adecuados de riesgo -pese a que en el 10% de cotización las personas podrán optar por llevarlo a un Inversor Privado de Pensiones (IPP), deberán hacer el trámite, ya que por default irá al IPPA-.

¿Qué implica esto? En otras palabras, el Estado tendría un rol mucho más activo en el mercado de capitales, de suma relevancia por la contribución que hace, a través del proceso de ahorro e inversión, al desarrollo de los países, particularmente en la generación de empleo y la estabilidad económica de los mismos.

De hecho, en las últimas intervenciones públicas que ha hecho Rosanna Costa, presidenta del Banco Central, uno de los mensajes que ha repetido es la importancia de recuperar el mercado de capitales tras el deterioro causado por los retiros del 10%.

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Mucho ha dado que hablar la reforma previsional del Gobierno, proyecto que promete un complejo debate, cuyo objetivo principal es impulsar medidas que se hagan cargo de las bajas pensiones actuales y futuras.

Para eso, en el nuevo sistema ya no existirán las AFPs, y los afiliados tendrán la posibilidad de elegir entre gestores de inversiones privados o un gestor de inversiones público -que se llamará Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA)- ambos regulados por la Superintendencia de Pensiones.

La misión de este nuevo gestor de inversiones público será entonces velar por la maximización de la rentabilidad de largo plazo del fondo común del 6% adicional y del 10,5%, sujeta a niveles adecuados de riesgo -pese a que en el 10% de cotización las personas podrán optar por llevarlo a un Inversor Privado de Pensiones (IPP), deberán hacer el trámite, ya que por default irá al IPPA-.

¿Qué implica esto? En otras palabras, el Estado tendría un rol mucho más activo en el mercado de capitales, de suma relevancia por la contribución que hace, a través del proceso de ahorro e inversión, al desarrollo de los países, particularmente en la generación de empleo y la estabilidad económica de los mismos.

De hecho, en las últimas intervenciones públicas que ha hecho Rosanna Costa, presidenta del Banco Central, uno de los mensajes que ha repetido es la importancia de recuperar el mercado de capitales tras el deterioro causado por los retiros del 10%.

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