La mejora a largo plazo de las pensiones requiere, sin lugar a duda, el ajuste paulatino de la edad de jubilación, para lo cual tanto al Estado como a los privados les cabe un rol en crear las condiciones adecuadas para favorecer la inclusión laboral de los trabajadores senior.

Uno de los principales retos que enfrentan los sistemas de pensiones a nivel mundial es el envejecimiento poblacional, fenómeno ocasionado por poblaciones donde cada vez nacen menos niños al tiempo que aumentan las expectativas de vida, así, el porcentaje de adultos mayores es creciente.

Chile no está exento de esa realidad. En 2023, el país registró un mínimo histórico en su tasa de natalidad de 1,3 hijos por mujer, cifra muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1. Al tiempo que se estima una expectativa de vida al 2023 de 86,6 años para un hombre de 65 años y de 90,8 años para una pensionada mujer de 60 años (según las nuevas tablas de mortalidad publicadas por la CMF y la Superintendencia de Pensiones).

Como consecuencia, la población mayor de 60 años ha venido en incremento: según cifras del INE mientras que en 1992 el 9,5% de la población era mayor de 60 años, en 2022 ese número subió a 18,1% y se proyecta que en 2050 sea de 32%. A diferencia de los países europeos, donde el proceso de envejecimiento fue más lento y acompañado de un mayor desarrollo económico, Chile envejece más rápido y sin ser aún una economía desarrollada.

Este escenario pone de manifiesto la necesidad de ajustar las edades de jubilación, especialmente para las mujeres, pues ningún sistema previsional, ni de reparto ni de capitalización individual, puede sostener a este volumen de pensionados. Los sistemas de reparto quiebran, mientras que los de capitalización individual necesariamente entregarán pensiones menores si no se ajustan los parámetros. De hecho, según información recabada por FIAP (2023), entre 1995 y junio de 2023 un total de 66 países con sistemas de pensión de reparto aumentaron la edad de jubilación.

La mejora a largo plazo de las pensiones requiere, sin lugar a duda, el ajuste paulatino de la edad de jubilación, para lo cual tanto al Estado como a los privados les cabe un rol en crear las condiciones adecuadas para favorecer la inclusión laboral de los trabajadores senior.

Uno de los principales retos que enfrentan los sistemas de pensiones a nivel mundial es el envejecimiento poblacional, fenómeno ocasionado por poblaciones donde cada vez nacen menos niños al tiempo que aumentan las expectativas de vida, así, el porcentaje de adultos mayores es creciente.

Chile no está exento de esa realidad. En 2023, el país registró un mínimo histórico en su tasa de natalidad de 1,3 hijos por mujer, cifra muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1. Al tiempo que se estima una expectativa de vida al 2023 de 86,6 años para un hombre de 65 años y de 90,8 años para una pensionada mujer de 60 años (según las nuevas tablas de mortalidad publicadas por la CMF y la Superintendencia de Pensiones).

Como consecuencia, la población mayor de 60 años ha venido en incremento: según cifras del INE mientras que en 1992 el 9,5% de la población era mayor de 60 años, en 2022 ese número subió a 18,1% y se proyecta que en 2050 sea de 32%. A diferencia de los países europeos, donde el proceso de envejecimiento fue más lento y acompañado de un mayor desarrollo económico, Chile envejece más rápido y sin ser aún una economía desarrollada.

Este escenario pone de manifiesto la necesidad de ajustar las edades de jubilación, especialmente para las mujeres, pues ningún sistema previsional, ni de reparto ni de capitalización individual, puede sostener a este volumen de pensionados. Los sistemas de reparto quiebran, mientras que los de capitalización individual necesariamente entregarán pensiones menores si no se ajustan los parámetros. De hecho, según información recabada por FIAP (2023), entre 1995 y junio de 2023 un total de 66 países con sistemas de pensión de reparto aumentaron la edad de jubilación.