4 febrero, 2025
La economista Cecilia Cifuentes es integrante del Consejo Consultivo Previsional y desde esa posición deberá opinar sobre la propuesta que prepara el Ejecutivo para reformar el sistema de pensiones.
En entrevista con DF, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School, de la Universidad de los Andes, desmenuzó los pocos detalles que hasta ahora se conocen de la propuesta previsional del Gobierno, siendo una de sus mayores preocupaciones que la administración de los recursos del 6% de cotización adicional se haga con “criterios políticos”.
“El gobierno le asigna el nombre de ‘solidaridad’ de los trabajadores formales a los jubilados. Sin embargo, acabamos de duplicar los recursos del Pilar Solidario, financiado con impuestos generales. No se debería establecer ahora un impuesto al trabajo formal para dar mayores pensiones a los actuales jubilados, porque no parece consistente con un criterio de justicia intergeneracional”, argumentó.
– ¿Se debe perseverar en las cuentas individuales?
– Ese 6% adicional debe ir a las cuentas individuales de los trabajadores, principalmente porque tenemos un problema de alta informalidad, que se agravaría con un impuesto al trabajo formal, el más ineficiente de los impuestos. Además, de esta forma logramos el necesario aumento del ahorro, que genera inversión, empleo y mejores salarios.
– ¿El Estado podría replicar a las AFP en el manejo de cuentas?
– Si se quiere un resultado eficiente, lo razonable sería que el Estado licite la administración de los fondos a privados, que sería de alguna forma replicar lo que tenemos hoy, pero con doble costo. No veo cual sería el beneficio para los afiliados, ni menos, por supuesto, en qué forma esto mejora las pensiones.
– ¿Qué rol deberían jugar las AFP en este nuevo esquema?
– El punto relevante en esto es que el problema de las bajas pensiones no se explica por el rol que han cumplido las administradoras, que, además, se ha ido mejorando en el tiempo. Se pueden hacer mejoras en las políticas de inversiones. Las AFP deben cumplir simultáneamente cerca de 70 límites en sus políticas de inversión. Esto se podría simplificar y de esta forma generar mayor competencia.
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