El nuevo gobierno encabezado por Bolsonaro estudia fórmulas para aliviar la carga que supone para el Estado el pago de las pensiones públicas con el actual sistema de reparto.

Actualmente, el 40% del gasto público se destina al pago de los jubilados, algo que la mayor economía de América Latina ve como un riesgo de cara al futuro, por lo que se ha abierto el debate para buscar vías de financiación complementarias.

Pero no solo preocupa el largo plazo, ya que a pesar de las perspectivas de crecimiento económico para este año (1,4%) y el que viene (2,4%, según cálculos del FMI), Brasil arrastra un déficit público del 7,5% del PIB y en el contexto internacional siguen sonando los tambores de una posible guerra comercial.

En estos momentos, la edad media de jubilación es de 55 años y la tasa de reposición se sitúa en el 70% del último salario percibido. El coste del sistema se ha triplicado en los últimos 30 años, al tiempo que se reducía la proporción entre trabajadores y pensionistas: si en 2006 era de 2,19, en 2012 había pasado a 1,58.

Se desconoce cómo se haría esta transición aunque el modelo podría ser el de Chile. El primer paso se daría con la anunciada reducción del IRPF del 27,5 al 20%. Asimismo, se crearía un sistema de capitalización complementario que funcionaría en paralelo al actual público que podría ‘descargarse’ de trabajadores en función de la situación de las arcas públicas en cada momento.

Fuente: Boletín Diario de Seguros de América Latina

Fecha: 28.11.2018