El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un decreto para combatir fraudes en el sistema de pensiones a través de diferentes mecanismos de inspección con los que el gobierno espera economizar 9.800 millones de reales (unos 2.600 millones de dólares) este año.

El gobierno brasileño destinará 300 millones de reales (unos 80 millones de reales) para poner en marcha esta medida, que altera algunas reglas para la concesión de ciertos beneficios, como la pensión por fallecimiento y la jubilación para trabajadores rurales.

También prevé la revisión de una serie de beneficios y “procesos con sospechas de irregularidades” concedidos por el Instituto Nacional de Seguridad Social.

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