El gobierno de Luis Arce atraviesa días grises. Por un lado, la pelea interna y pública con el ex presidente Evo Morales y sus partidarios sigue escalando y nadie sabe hasta donde puede llegar. Por el otro, la economía boliviana muestra cada vez más números en rojo. El déficit en las cuentas públicas alcanza nuevos récords. La inflación crece. Los maestros y otros gremios mentienen protestas diarias en las calles reclamando aumentos salariales que no llegan. Los dólares para la importación se acabaron y distintos sectores industriales alzan sus reclamos por falta de insumos. El gas, ese oro invisible que tenía Bolivia, comienza a escasear por falta de inversiones. El rieso país se dispara y se cierran los grifos para nuevos créditos en los mercados internacionales.

Ante el ahogo político y el apremio económico, Arce recurre a la experiencia de otros gobernantes populistas de la región y va por el último manotazo para obtener dinero: los fondos de pensión.

La historia es larga y lo tiene al actual presidente como coprotagonista en su anterior etapa como ministro de Economía de su padrino político devinido en némesis, Evo Morales.

Desde 1997, Bolivia tiene dos administradoras privadas de fondos de pensiones, o AFP, como se las conoce. Una de ellas está en manos del banco español BBVA y la otra pertenece a la aseguradora suiza Zurich. Desde 2006, con la llegada de Morales al poder, tuvieron que soportar diferentes cambios en la Ley de Pensiones y otras normas relacionadas que fueron limitando su capacidad de inversión. La reforma constitucional de 2010 directamente estableció que el Estado debía volver a administrar las jubilaciones y pensiones, pero lo cierto es que desde entonces se avanzó poco y desprolijamente. La unidad creada por el gobierno boliviano para recuperar los activos administrados por los privados, llamada “Gestora”, se transformó en una formidable cáscara vacía que contrató a centenares de personas para administrar la nada misma porque se prefirió que los privados mantuviesen la gestion administrativa aunque una normativa cada vez más estricta las forzara a invertir todos sus fondos en activos nacionales y más aún: en bonos del tesoro boliviano que de a poco fue capturando los ahorros de los futuros jubilados como última fuente de financiamiento.

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El gobierno de Luis Arce atraviesa días grises. Por un lado, la pelea interna y pública con el ex presidente Evo Morales y sus partidarios sigue escalando y nadie sabe hasta donde puede llegar. Por el otro, la economía boliviana muestra cada vez más números en rojo. El déficit en las cuentas públicas alcanza nuevos récords. La inflación crece. Los maestros y otros gremios mentienen protestas diarias en las calles reclamando aumentos salariales que no llegan. Los dólares para la importación se acabaron y distintos sectores industriales alzan sus reclamos por falta de insumos. El gas, ese oro invisible que tenía Bolivia, comienza a escasear por falta de inversiones. El rieso país se dispara y se cierran los grifos para nuevos créditos en los mercados internacionales.

Ante el ahogo político y el apremio económico, Arce recurre a la experiencia de otros gobernantes populistas de la región y va por el último manotazo para obtener dinero: los fondos de pensión.

La historia es larga y lo tiene al actual presidente como coprotagonista en su anterior etapa como ministro de Economía de su padrino político devinido en némesis, Evo Morales.

Desde 1997, Bolivia tiene dos administradoras privadas de fondos de pensiones, o AFP, como se las conoce. Una de ellas está en manos del banco español BBVA y la otra pertenece a la aseguradora suiza Zurich. Desde 2006, con la llegada de Morales al poder, tuvieron que soportar diferentes cambios en la Ley de Pensiones y otras normas relacionadas que fueron limitando su capacidad de inversión. La reforma constitucional de 2010 directamente estableció que el Estado debía volver a administrar las jubilaciones y pensiones, pero lo cierto es que desde entonces se avanzó poco y desprolijamente. La unidad creada por el gobierno boliviano para recuperar los activos administrados por los privados, llamada “Gestora”, se transformó en una formidable cáscara vacía que contrató a centenares de personas para administrar la nada misma porque se prefirió que los privados mantuviesen la gestion administrativa aunque una normativa cada vez más estricta las forzara a invertir todos sus fondos en activos nacionales y más aún: en bonos del tesoro boliviano que de a poco fue capturando los ahorros de los futuros jubilados como última fuente de financiamiento.

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