Los manifestantes temen que, ante la crisis económica, el Ejecutivo de Luis Arce utilice los recursos de los jubilados.
Los profesores llamaron a una nueva movilización para el 24 de abril. No descartan un paro de 72 horas.

Con un déficit económico creciente y un agotamiento de las reservas, varios sectores salieron ayer a protestar en contra de la estatización de los fondos de pensiones en Bolivia, ante el temor de su uso arbitrario por parte del gobierno del Presidente Luis Arce. Las movilizaciones también reunieron a periodistas, profesores y comerciantes, entre otros grupos asociados en la llamada “Alianza Intersectorial”, y que se movilizaron en contra de una serie de leyes y políticas del Ejecutivo que, alertan, limitan las libertades civiles.

Uno de los aspectos más preocupante es el de las pensiones. Las asociaciones de jubilados rechazan el traspaso de sus aportes (hasta ahora administrados en fondos de pensiones privados) a la entidad estatal Gestora Pública de la Seguridad Social. El argumento de estos grupos es que se corre el riesgo de que el gobierno utilice libremente los recursos de los fondos y se ocasionen perjuicios a los aportantes, frente a lo que piden que sea administrada por profesionales que no tengan relación con el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

La entidad estatal administrará, a partir de mayo próximo, los recursos que miles de bolivianos aportaron a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y que se estiman en 24 mil millones de dólares, en momentos en que Bolivia atraviesa por una frágil situación económica: las reservas del Banco Central, que en 2015 eran de más de 15 mil millones; hoy se estiman en apenas 3 mil millones, a lo que se suma la escasez de dólares y la creciente inflación.

“El gobierno puede acudir a usar los recursos de las jubilaciones para paliar el déficit, para pagar salarios. Eso lo notan los jubilados y todo el país, por eso hay una gran sensibilidad sobre ese tema. Además, hay prácticamente un banco quebrado el Banco Fassil, del cual el gobierno deberá hacerse cargo de los depósitos. Por tanto, la gente sabe que se está en crisis y hay temor por los fondos de pensiones”, dice a “El Mercurio”, el analista político boliviano, Carlos Toranzo.

Demandas

Las marchas, que tuvieron lugar en diferentes ciudades del país como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y que reunieron a cientos de trabajadores, estuvieron marcadas también por los pedidos de los comerciantes que exigen al gobierno la anulación del proyecto de ley de “Fortalecimiento a la lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”. Esta iniciativa busca adecuar las leyes locales a la normativa internacional de lucha contra el terrorismo, pero que según el sector gremial podría usarse para perseguir a los trabajadores informales, que representan a cerca del 80% de la economía boliviana. Los manifestantes aseguran, además, que el proyecto podría quitarles sus patrimonios y acallar las voces disidentes por su definición de “terrorismo”.

Lee la noticia completa en El Mercurio 

Los manifestantes temen que, ante la crisis económica, el Ejecutivo de Luis Arce utilice los recursos de los jubilados.
Los profesores llamaron a una nueva movilización para el 24 de abril. No descartan un paro de 72 horas.

Con un déficit económico creciente y un agotamiento de las reservas, varios sectores salieron ayer a protestar en contra de la estatización de los fondos de pensiones en Bolivia, ante el temor de su uso arbitrario por parte del gobierno del Presidente Luis Arce. Las movilizaciones también reunieron a periodistas, profesores y comerciantes, entre otros grupos asociados en la llamada “Alianza Intersectorial”, y que se movilizaron en contra de una serie de leyes y políticas del Ejecutivo que, alertan, limitan las libertades civiles.

Uno de los aspectos más preocupante es el de las pensiones. Las asociaciones de jubilados rechazan el traspaso de sus aportes (hasta ahora administrados en fondos de pensiones privados) a la entidad estatal Gestora Pública de la Seguridad Social. El argumento de estos grupos es que se corre el riesgo de que el gobierno utilice libremente los recursos de los fondos y se ocasionen perjuicios a los aportantes, frente a lo que piden que sea administrada por profesionales que no tengan relación con el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

La entidad estatal administrará, a partir de mayo próximo, los recursos que miles de bolivianos aportaron a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y que se estiman en 24 mil millones de dólares, en momentos en que Bolivia atraviesa por una frágil situación económica: las reservas del Banco Central, que en 2015 eran de más de 15 mil millones; hoy se estiman en apenas 3 mil millones, a lo que se suma la escasez de dólares y la creciente inflación.

“El gobierno puede acudir a usar los recursos de las jubilaciones para paliar el déficit, para pagar salarios. Eso lo notan los jubilados y todo el país, por eso hay una gran sensibilidad sobre ese tema. Además, hay prácticamente un banco quebrado el Banco Fassil, del cual el gobierno deberá hacerse cargo de los depósitos. Por tanto, la gente sabe que se está en crisis y hay temor por los fondos de pensiones”, dice a “El Mercurio”, el analista político boliviano, Carlos Toranzo.

Demandas

Las marchas, que tuvieron lugar en diferentes ciudades del país como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y que reunieron a cientos de trabajadores, estuvieron marcadas también por los pedidos de los comerciantes que exigen al gobierno la anulación del proyecto de ley de “Fortalecimiento a la lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”. Esta iniciativa busca adecuar las leyes locales a la normativa internacional de lucha contra el terrorismo, pero que según el sector gremial podría usarse para perseguir a los trabajadores informales, que representan a cerca del 80% de la economía boliviana. Los manifestantes aseguran, además, que el proyecto podría quitarles sus patrimonios y acallar las voces disidentes por su definición de “terrorismo”.

Lee la noticia completa en El Mercurio