La Fundación milenio señala que la desconfianza hacia la Gestora proviene del hecho de que el Estado, el principal deudor de los fondos de pensiones, ahora pasará a ser su administrador, generando así un conflicto de interés. Las posibilidades de conflicto se agravan aún más por cuanto la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), que debe supervisar, fiscalizar, controlar y regular a la Gestora Pública, es también un brazo operativo del Ministerio de Economía. Con ello se configura una situación anómala en la que el administrador, regulador y principal deudor de los aportes de propiedad de los trabajadores es el mismo organismo, es decir, el Estado. Un sistema con tales anomalías no puede menos que generar dudas y desconfianza, por lo que todo indica que los trabajadores que se oponen al traspaso de sus aportes a la Gestora Pública han captado ese riesgo de conflicto de interés y son conscientes de los peligros para la administración de sus ahorros pensionales.

Además, una encuesta realizada por la empresa Diagnosis, Investigación Social Opinión y Mercado establece que el 52% de las personas, es decir, la mayoría de los encuestados prefiere que sus aportes para la jubilación sean administrados por una empresa privada y no por la Gestora Pública, instancia estatal que actualmente opera y es rechazada por algunos sectores laborales. El 26% dijo que prefiere la Gestora Pública y el 22% no sabe o no responde.

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