Hacia fines de los años 80 el sistema de reparto argentino estaba quebrado, lo que condujo a considerables reducciones y retrasos en el pago de pensiones. Como consecuencia, en 1993 se aprobó una reforma de pensiones que estableció un sistema mixto, incorporando un esquema de capitalización individual (administrado por las AFJP) en competencia con un reformado régimen de reparto (administrado por el Estado). Ambos sistemas —privado y público— coexistían, y todos los trabajadores (antiguos y nuevos) elegían el sistema en el cual cotizar; el 90% de ellos optó por el régimen privado.

Durante los 14 años de existencia del sistema de capitalización individual se logró una tasa de rentabilidad anual real promedio de 6,6% sobre los ahorros de los trabajadores, muy por sobre la de otros países de la región con sistemas similares. La comisión promedio pagada a las AFJP disminuyó de 3% de los salarios en 1995 a 1,25% en 2006.

A fines de 2008, después de varios meses de bajas rentabilidades de los fondos durante la Crisis Financiera Global (como sucedió en todo el mundo), el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner utilizó lo anterior como una (mala) excusa para abolir el sistema de capitalización individual. El gobierno expropió, sin una consulta previa a sus legítimos dueños, los ahorros de 9,5 millones de trabajadores. En total, alrededor de US$ 30.000 millones fueron confiscados.

La razón de fondo de la expropiación fue allegar recursos a un Estado quebrado, con déficits fiscales crecientes, una deuda insostenible y un gobierno sin acceso a nuevo financiamiento.
Los ahorros expropiados fueron transferidos a un fondo estatal, dejando de existir las cuentas individuales. En adelante, todos los afiliados se jubilarán bajo las reglas del sistema de reparto, incluyendo el requisito de cotizar por al menos 30 años para acceder a una pensión. Ni los trabajadores expropiados de sus ahorros (incluidos los voluntarios), ni las empresas expropiadas de su negocio (AFJP y compañías de seguros) recibieron ningún tipo de compensación.

Esta expropiación argentina es el único caso conocido en el mundo en que los activos pensionales de los trabajadores fueron transferidos al gobierno, sin ofrecer una alternativa a sus dueños.
La inyección de recursos expropiados dio un alivio financiero transitorio al régimen de reparto. Hacia 2020 las contribuciones de los argentinos cubren en torno al 60% del pago de beneficios, el gasto público en pensiones se duplicó entre 2006 y 2020 (de 5% a 11,3% del PIB), y se proyecta que el déficit del sistema de reparto llegará a un rango de 3,5-5,1% del PIB hacia 2040 (Urbiztondo, 2020). Lo insólito de esto es que después de la expropiación de los cuantiosos fondos privados, el sistema estatal de reparto es más insostenible que antes.

Hacia fines de los años 80 el sistema de reparto argentino estaba quebrado, lo que condujo a considerables reducciones y retrasos en el pago de pensiones. Como consecuencia, en 1993 se aprobó una reforma de pensiones que estableció un sistema mixto, incorporando un esquema de capitalización individual (administrado por las AFJP) en competencia con un reformado régimen de reparto (administrado por el Estado). Ambos sistemas —privado y público— coexistían, y todos los trabajadores (antiguos y nuevos) elegían el sistema en el cual cotizar; el 90% de ellos optó por el régimen privado.

Durante los 14 años de existencia del sistema de capitalización individual se logró una tasa de rentabilidad anual real promedio de 6,6% sobre los ahorros de los trabajadores, muy por sobre la de otros países de la región con sistemas similares. La comisión promedio pagada a las AFJP disminuyó de 3% de los salarios en 1995 a 1,25% en 2006.

A fines de 2008, después de varios meses de bajas rentabilidades de los fondos durante la Crisis Financiera Global (como sucedió en todo el mundo), el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner utilizó lo anterior como una (mala) excusa para abolir el sistema de capitalización individual. El gobierno expropió, sin una consulta previa a sus legítimos dueños, los ahorros de 9,5 millones de trabajadores. En total, alrededor de US$ 30.000 millones fueron confiscados.

La razón de fondo de la expropiación fue allegar recursos a un Estado quebrado, con déficits fiscales crecientes, una deuda insostenible y un gobierno sin acceso a nuevo financiamiento.
Los ahorros expropiados fueron transferidos a un fondo estatal, dejando de existir las cuentas individuales. En adelante, todos los afiliados se jubilarán bajo las reglas del sistema de reparto, incluyendo el requisito de cotizar por al menos 30 años para acceder a una pensión. Ni los trabajadores expropiados de sus ahorros (incluidos los voluntarios), ni las empresas expropiadas de su negocio (AFJP y compañías de seguros) recibieron ningún tipo de compensación.

Esta expropiación argentina es el único caso conocido en el mundo en que los activos pensionales de los trabajadores fueron transferidos al gobierno, sin ofrecer una alternativa a sus dueños.
La inyección de recursos expropiados dio un alivio financiero transitorio al régimen de reparto. Hacia 2020 las contribuciones de los argentinos cubren en torno al 60% del pago de beneficios, el gasto público en pensiones se duplicó entre 2006 y 2020 (de 5% a 11,3% del PIB), y se proyecta que el déficit del sistema de reparto llegará a un rango de 3,5-5,1% del PIB hacia 2040 (Urbiztondo, 2020). Lo insólito de esto es que después de la expropiación de los cuantiosos fondos privados, el sistema estatal de reparto es más insostenible que antes.