Los fondos de pensiones complementarias en colones, que al 31 de mayo suman ¢340.179 millones (US$784, aproximadamente), se concentran en títulos del sector público (el 75% de esos recursos están invertidos en bonos del sector público, mientras que el 25% restante se distribuye entre las emisiones de empresas y en fondos de inversión).
 
Por su parte, los fondos voluntarios de pensión en dólares (¢58.000 millones, es decir US$134, aproximadamente), están invertidos el 55% en el sector público, y el resto en el sector privado, en acciones y otros títulos de empresas que cotizan en la bolsa con nivel de riesgo sumamente bajo.
 
Sin embargo, la cantidad de recursos invertidos en el sector público disminuyó en el último mes luego de la crisis que repercutió en las carteras de pensiones y e inversión. La crisis se originó en la baja del precio de los bonos de deuda externa costarricenses y afectó la rentabilidad de los distintos fondos de jubilación. Las pensiones voluntarias en dólares y colones fueron las más perjudicadas, dado que se produjo una disminución en la inversión inicial y ganancias acumuladas de períodos anteriores de los ahorrantes.
 
La estructura del mercado de valores, en el que existe una escasez de títulos en que invertir, en especial del sector privado, obliga a los gestores a concentrarse en las emisiones del Gobierno. Esa concentración hace que los fondos estén sujetos a fuertes variaciones cuando se ajustan los precios de los bonos (como ocurrió en los últimos dos meses).
 
Según la Ley de Protección al Trabajador, vigente desde el 2001, las OPC están autorizadas para colocar hasta el 50% de sus recursos en valores emitidos por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. La Superintendencia de Pensiones (SUPEN) autoriza a esas empresas invertir hasta un 25% en valores del exterior que tengan un nivel de riesgo bajo; no obstante, hasta el momento ninguna lo ha hecho.
 
Javier Cascante, superintendente de pensiones, señala que además de las limitaciones propias del mercado, el sistema de pensiones debe superar problemas como la falta de educación y cultura en el tema de pensiones.
 

Otro aspecto que se debe superar, a criterio de la SUPEN, es el relacionado con la variedad de legislaciones vigentes que existen y regulan los distintos sistemas de jubilación, los que dificulta la supervisión y la aplicación de medidas correctivas.